Durante la sesión del Concejo el día martes 2 de junio se vivió un duro cuestionamiento y una férrea defensa a cargo del Concejal Wilson Ortiz Quishpe quién hizo la denuncia sobre unas presuntas irregularidades en un contrato que ejecuta la secretaría Tic del municipio.
El concejal Wilson Ortiz dijo que “Hoy decidí poner en evidencia los presuntos hechos de sobrecostos que estarían ocurriendo en la Secretaría TIC de Acacías.
Serán los entes de control quienes determinen si existieron o no irregularidades. Como concejal, mi deber es vigilar el buen uso de los recursos públicos y hacer las denuncias cuando haya dudas razonables.
La transparencia no debería incomodar a nadie.”
Por su parte el jefe de la oficina de Contratación de Acacías, Franki A. Gómez S. asistió al concejo y dejó en claro los cuestionamientos hechos y cifras que no corresponden a la realidad. Contestó con normas vigentes y números reales.
Lo que pretendía ser un “show” de control político para arrinconar a la administración municipal, terminó en una clase de derecho para varios concejales de Acacías, quienes demostraron un alarmante desconocimiento sobre la contratación estatal.
Al parecer movidos por evidentes cálculos políticos y a lo mejor con el ánimo de pescar en río revuelto, el concejo Municipal citó a un debate de control político el día 2 de junio de 2026 al Jefe de la Oficina de Contratación. La citación, impulsada por el concejal Wilson Ortiz Quishpe, fue apoyada por concejales Alirio Rojas Delgadillo, Adul Fernando Rodríguez, Jonathan Alirio Basto Bohórquez, John Alexander Casallas Velásquez, Zulma Yolima Díaz y Genaro Gutiérrez Garavito, y busca encontrar irregularidades en los contratos interadministrativos OCA-434-2024 y OCA-658-2025 suscritos con la Corporación Colombia Digital.
¿El resultado? Los corporados insinuaron irregularidades en la elección de la modalidad de “contratación directa”. Sin embargo, el funcionario, con documento en mano, lo desvirtuó: les demostró que la Corporación Colombia Digital es una entidad de economía mixta con un 62,72% de capital público. Esto significa, para quienes no leen la ley antes de citar debates, que la contratación directa no solo es legal, sino el procedimiento exacto exigido por la norma para contratos interadministrativos.
La citación, basada al parecer en caprichos y dudas conceptuales infundadas, constituye un presunto abuso de poder. Al intentar usar el reglamento interno para pasar por encima de la Constitución, este grupo de concejales ha quedado expuesto. Ya suenan las alarmas en los pasillos: ¿Se vienen quejas disciplinarias ante la Procuraduría y denuncias penales en la Fiscalía por estas acciones? Llegará el verano y veremos.
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