Una serie de denuncias contra el exalcalde de Acacías, Arsenio Vargas Álvarez, sumadas a otras que ya andan en los estrados, se conocieron en los últimos días, dadas a conocer a la opinión pública por los denunciantes. Denuncias ante organismos de control, como la Contraloría general de la República, administrativos, como la Procuraduría General, y penales a la Fiscalía general de la nación.
Acueductos veredales
La denuncia ante el Procurador, Fernando Carrillo Flórez, elevada por la Veeduría Anticorrupción y otros es por detrimento patrimonial, contratación sin requisitos legales y los demás que resulten. Dice que impetran la denuncia en materia penal, disciplinaria y fiscal en contra del señor Arsenio Vargas Álvarez, exalcalde de Acacías y contra quienes resulten responsables durante el proceso de investigación y relatan en su denuncia los siguientes hechos:
Que el entonces alcalde celebró los siguientes contratos previo convenio de colaboración con la estatal petrolera Ecopetrol: Contrato 130 de 2015 entre el municipio de Acacías y Consorcio Aguas de Acacías, representado por Oscar Vicente Barreto Baquero, cuyo objeto era la construcción de la red de acueducto para beneficiar a veredas que ya tienen acueducto propio como la Esmeralda, Montelibano, Montelibano bajo, San Nicolás, el Centro. Contrato por $9.905.830. 772.oo En la denuncia piden a la Procuraduría obtener copia del expediente con la actuación procesal de la Contraloría General distinguido con el código SIPR 2018-13046380504-D de 11 d enero de 2018.
Contrato 131 de 26 de mayo de 2015 del municipio con el consorcio Aguas veradales con objeto de adecuaciones del sistema de tratamiento de agua potable de las Blancas y construcción de la red de acueducto para beneficiar a las veredas: Rancho Grande, Cruce de San José, veredas que tienen acueducto y distrito de riego; La Cecilita, Loma de Tigre, Montebello, y San isidro de Chichimene, Santa Rosa, El Triunfo, La Primavera, La Unión y Patio Bonito que tienen acueducto propio. En total 11 veredas.
Contrato 138 de 2015 suscrito con el Consorcio Ramal Chichimene por un valor de $432.658.680.oo cuyo objeto es la Interventoría técnica, financiera, contable, jurídica y ambiental a las adecuaciones del sistema de tratamiento de agua potable del acueducto de las Blancas y construcción de la red de acueducto para beneficiar las veredas: Racho Grande, Cruce de San José, La Cecilita, Loma de Tigre, Montebello, San Isidro de Chichimene, Santa Rosa, El triunfo, La Primavera, La Unión, Patio Bonito y reposición de sectores críticos de la red de distribución del sistema de acueducto las Camelias, en Acacías.
Contrato 139 de 2015 entre el municipio y el consorcio Ramal Montelibano por un valor de $499.846. 720.oo para interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica y ambiental a la construcción de la red de acueducto para beneficiar las veredas: Centro, San Nicolás, La Esmeralda, Montelibano y Montelibano bajo y viviendas cercanas a la línea principal.
Estas presuntas irregularidades fueron denunciadas por la red de veedurías ante la Contraloría General de la República. Denuncian que el entonces alcalde Arsenio Vargas Álvarez celebró los contratos 130, 131, 138 y 139, sin el lleno de los requisitos legales porque los referidos contratos no contaron con estudios técnicos, ambientales y tampoco jurídicos. No hay evidencia de la existencia de dicho estudio técnico y la correspondiente licencia ambiental para la ejecución del contrato. La veeduría evidencia que tanto el contratante como contratista incurrieron en las mismas conductas punibles porque estaban en la obligación legal de invertir los recursos del Estado en los términos que la Constitución y la Ley exigen.
Con base en los resultados de las actuaciones adelantadas por la Contraloría general de la Nación se evidenció la existencia de recursos los cuales están representados en obras que a la fecha no prestan ningún beneficio a la comunidad lo que conllevó a un presunto detrimento de los recursos públicos en cuantía de $2.365.584.215.50 pesos por lo que se trasladó al grupo de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la gerencia departamental colegiada del meta de la CGR.
De igual forma, la Contraloría General de la República reportó hallazgo fiscal por $1.249.998. 815.oo que se trasladó por oficio a la Contraloría Departamental del Meta para lo de su competencia. Se dio traslado de estas presuntas incidencias disciplinarias y penales a la Procuraduría Regional del Meta, a la gerencia de control Disciplinario de Ecopetrol S.A. y a la dirección seccional del Meta de la Fiscalía General de la Nación.
La Contraloría concluyó que el municipio de Acacías firmó los contratos ya descritos e hizo entrega del anticipo a los contratistas sin que se hubiera obtenido el permiso de concesión de aguas superficiales por parte de la autoridad ambiental, para el caso CORMACARENA, situación que impidió el desarrollo de las obras y el beneficio de la comunidad. Por eso determinó la existencia de un DAÑO PATRIMONIAL que podría ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos. El contratista CONSORCIO AGUAS DE ACACÍAS estaba en la obligación de asegurarse de que el contrato cumpliera con los correspondientes permisos para su ejecución. El contratista, representado por el señor Oscar Vicente Barreto Baquero no cumplió con la norma y por el contrario inició las obras, dando muestra de falta de responsabilidad en la ejecución de la referida contratación. En la misma conducta incurrió el alcalde de esa época al contratar y permitir el inicio de las obras sin el lleno de los requisitos legales como lo exige la ley, dice el informe presentado por la Contraloría.
Bolsillos de cristal
Inicialmente, los enredos de estos contratos para llevar agua a las veredas de Acacías a través de la ejecución de los acueductos veredales fueron destapadas por el arquitecto Heriberto Martínez quien lo hizo público en el mes de junio del año 2017. Días después, aprovechando la visita del fiscal general de la nación en la ciudad de Villavicencio, interpuso la denuncia penal de estos contratos en la causa de la fiscalía: Bolsillos de Cristal.
Por Fraude electoral
La fiscalía ha vinculado a Arsenio Vargas Álvarez a quien señalan de cometer entre otros delitos el de fraude electoral en el proceso eleccionario del año 2011, precisamente las elecciones que ganó y que le permitieron gobernar a los acacireños durante cuatro años. En este mismo proceso ya han sido condenadas por la justicia tres personas entre ellas Miguel Asprilla, quién fue el denunciante de estos posibles hechos delictivos durante las elecciones del año 2011 dónde se presentó constreñimiento al elector y se pagó por votos de cédulas que aparecieron en poder de ciudadanos que no eran los propietarios de esos documentos. En la investigación dicen que eso fue planeado y ejecutado por el hoy exalcalde de Acacías. El proceso penal contra el exalcalde de Acacías lo adelanta el juzgado penal del circuito de Acacías.
Por supuesto error de la Fiscalía Tribunal ordenó rehacer acusación contra ex Alcalde de Acacías Arsenio Vargas y otros investigados por posible fraude electoral.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio al resolver un recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del ex Alcalde de Acacías, Arsenio Vargas Álvarez, resolvió decretar la nulidad de la actuación de la Fiscalía desde el escrito de formulación de acusación.
El ex mandatario, al igual que los ciudadanos, Jairo Alberto Rocha Rodríguez y Diana Lorena Rocha Roa, son investigados penalmente por la posible responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, voto fraudulento, falsedad material en documento público y uso de documento falso, para las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre de 2011.
Hallazgos fiscales de la Contraloría
La Contraloría General de la República con la gerencia departamental informó de un proceso de Responsabilidad Fiscal que realizó su equipo de auditoría y en el que están inmersos el ex Alcalde de Acacías, Arsenio Vargas Álvarez y los también exfuncionarios en esa administración: Nelson Gilberto Gutiérrez Vaca, Blanca Miriam Ruiz López, Gustavo Adolfo Salazar y Sandra Yardel Rojas Bonilla. ¿Qué encontró en su investigación la Contraloría? un presunto detrimento por $1.843.588. 000.oo por la compra e instalación de equipos biomédicos, con destino al Hospital de Acacías.
Al proceso de responsabilidad fiscal 2019 – 00378, deben acudir los implicados a rendir descargos en versión libre sobre la compra de unos equipos de radiología y cardiología con recursos del Sistema General de Participaciones que fueron adquiridos por la alcaldía en ese entonces.
En la auditoría se detectó falta de planeación, pues por cerca de tres años los equipos no se habían instalado. No se tuvo en cuenta que las instalaciones eléctricas no cumplían con las condiciones de los modernos equipos de Rayos X, telecomandado, equipo automático de química clínica, ventiladores pediátricos, máquina de anestesia, monitores multiparámetros, entre otros.
PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL EN MÁS DE $1.240 MILLONES EN AUDITORÍA REALIZADA POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META (CDM) AL EXALCALDE ARSENIO VARGAS
Este Ente de Control observó que en los estudios técnicos y estudios previos de la licitación pública Nº LP-005-2015 que dio origen al contrato de obra Nº 130 de 2015 suscrito entre el Municipio de Acacías y Consorcio Aguas de Acacias por $9.906 millones “Construcción de la red de acueducto para beneficiar las veredas Centro, San Nicolás, La Esmeralda, Montelíbano y Montelíbano Bajo y viviendas cercanas a la línea principal y actividades iniciales de sectorización para disminución de pérdidas de la red del municipio…”, estipularon que las obra no afectaban el medio ambiente y no requerían licencias urbanísticas.
Para la fecha en que se llevó a cabo el proceso de adjudicación, suscripción del contrato y autorización de anticipo por $1.766 millones de los recursos asignados por Ecopetrol dentro del convenio 5220939, el municipio de Acacias conocía la negativa en el permiso ambiental por parte de CARMACARENA y omitió por completo el pronunciamiento frente a lo requerido para el aprovechamiento de las aguas superficiales para el suministro del servicio de acueducto, sin embargo, con dicho anticipo se alcanzó a realizar un 23.3% de la obra.
Posteriormente, el supervisor e interventor del contrato, solicitaron una adición al contrato de obra por $2.500 millones, generándose la entrega de un anticipo al contratista por $1.250 millones provenientes de recursos propios.
Como consecuencia de la carencia de las licencias ambientales Ecopetrol solicitó la terminación del convenio del cual se desprendían unos recursos para cumplir el contrato 130/2015, por ende, al no encontrarse en funcionamiento y puesto en marcha el suministro de agua para las veredas, la CDM determinó un presunto detrimento patrimonial en la suma de $1.249.998.815.