Villavicencio , 24 de junio de 2025 — Un proceso judicial por presunta indebida destinación de recursos públicos ha generado una fuerte controversia en el Meta, luego de que el Tribunal Administrativo del departamento negara la pérdida de investidura del concejal Yan Carlos Chavarro Munévar, pese a que en el expediente consta el uso de recursos legalmente protegidos para fines distintos a los establecidos por la Constitución.
La demanda, interpuesta por el abogado Esteban Rodríguez Valencia, puso en evidencia que mediante la Resolución No. 84 del 28 de octubre de 2024, Chavarro —en su calidad de presidente del Concejo Municipal de Acacías— ordenó el traslado de $6.733.423 desde rubros correspondientes a cesantías, pensiones y riesgos laborales, hacia un contrato de servicios jurídicos. El traslado se habría realizado sin certificado de disponibilidad presupuestal y sin análisis técnico, con base en una simple orden verbal.
El caso dividió a la sala del Tribunal. Los magistrados Claudia Patricia Alonso Pérez, Juan Darío Contreras Bautista y Nohra Eugenia Galeano Parra emitieron un salvamento de voto en el que señalaron que la decisión mayoritaria desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, el principio de especialización del gasto y la intangibilidad de los recursos de seguridad social consagrada en el artículo 48 de la Constitución Política.
“Quedó plenamente demostrado que los recursos tenían un destino legalmente predeterminado y que fueron desviados hacia fines contractuales ajenos a su finalidad original, afectando incluso el pago de cesantías a funcionarios”, afirmaron los magistrados que salvaron el voto.
La participación del abogado Esteban Rodríguez ha sido reconocida por su claridad argumentativa y el rigor técnico con el que sustentó la acción. En su recurso de apelación, Rodríguez advirtió que el fallo de primera instancia no solo incurre en una lectura superficial de las pruebas, sino que podría incluso configurar prevaricato por acción, al omitir conscientemente la aplicación de normas constitucionales y presupuestales esenciales.
“El problema no es si el nuevo destino era legal en abstracto; el problema es que esos recursos no podían usarse para nada diferente al cumplimiento de derechos laborales. No se puede normalizar que funcionarios tomen decisiones contrarias a la ley bajo el disfraz de facultades presupuestales”, afirmó Rodríguez.
El caso ahora está en revisión del superior jerárquico, y su desenlace será clave para definir los límites de la responsabilidad fiscal y ética de los funcionarios públicos en Colombia. Mientras tanto, este proceso sienta un precedente preocupante sobre la flexibilidad con la que podrían manejarse los recursos destinados a la seguridad social de los trabajadores del Estado.
Su proceso pasa a segunda instancia donde se debe de respetar la norma y la ley como lo exige el abogado demandante, este concejal si se falla en derecho la demanda tendría que estar saliendo en unos 50 días a lo cual en las últimas sesiones de este periodo 2025 llegaría al concejo un nuevo Cabildante el señor Willian Sierra del partido liberal, entre bastidores nos cuentan que ya tienen lista otra demanda contra el ex presidente del concejo, su paso por la dirigencia de esta importante corporación fue caótica y muy difícil para el. Esperemos como termina este embrollo del Concejo municipal de acacias meta y sus cabildantes
